Indiscutiblemente los
niveles de criminalidad obligan a que se tomen medidas y que el nuevo
Alcalde haga anuncios con esa tendencia es justificable y refleja esa preocupación,
el asunto aquí es: Que se propone y como se hace. Al hacer una atrevida
propuesta como esta en el contexto de un interminable discurso de posesión,
donde normalmente priman mas las buenas intenciones; con una falta de estudio y
análisis, tanto así que no contempló que hacerlo no era una de sus facultades
ya que esta es exclusiva de las Fuerzas Militares quienes por derecho
constitucional manejan el monopolio de las armas, denota lo apresurado y poco
reflexivo de su medida.
Esta genera la polémica que
ya en otras ocasiones ha causado, dando la oportunidad a políticos en busca de
despliegue mediático, quienes en el calor del debate han propuesto que esta
facultad sea trasladada de los Militares a los Alcaldes, y otras de corte
absolutamente populista, buscando nada mas que publicidad, sin que esto cambie
de fondo la situación ni el panorama general.
Una ciudad como Bogotá, con
unos índices de criminalidad alta, en la que ni la Fuerza Publica ni la
Justicia han demostrado competencia para manejar el tema reduciendo estos índices,
no es el escenario para esta medida, y no lo es si se tiene en cuenta las
cifras que hasta ahora se conocen. Los expertos mencionan que de cada 4 armas que
circulan en las calles 3 son ilegales, son los criminales y delincuentes quienes
manejan ese 75% de armas en la ilegalidad, son esas con las que se cometen mas
del 95% de los crímenes que se registran, prohibir el porte del 15% legales solo
va a lograr que quienes poseen un arma para su protección personal o
patrimonial, queden mas expuestos e indefensos.
Diferente seria si la respuesta
de la Policía fuera eficiente y oportuna, es tanto así que cuando esta se logra
es la gran noticia en vez de ser la norma, diferente también si la judicialización
de los criminales fuera efectiva, pero diariamente se conocen hechos en los que
la ciudadanía es victima de la inseguridad así como hechos de impunidad que
nadie entiende, una justicia garantista que defiende mas los derechos de los
criminales que los de las victimas. Esa es la realidad, no pretendamos mirar
otra cosa que no es, no nos engañemos y peor aun, no tomemos medidas para una
realidad virtual.
Seguramente esta idea tomará
fuerza, los militares se dejarán llevar por las aguas de la corriente y no se opondrán,
seguramente esta tendencia será aplicada en otras partes del país con uno que
otro matiz regional, pero la realidad es que quien sale a robar, asaltar,
atracar o a cometer un homicidio no tramitará un salvoconducto ni pedirá acceder
a un permiso especial para portar su arma
y actuar. Hay medidas que son mas
urgentes que pueden generar mayor resultado para esta problemática en particular: una
mayor y mejor cobertura, reacción de la Fuerza Publica que ataque el porte y
uso de armas ilegales, una reforma real a la justicia apropiada a la realidad y
que no favorezca la impunidad, mayor penalización al porte ilegal y a los
hechos que involucren el empleo de las mismas, una revisión de la metodología y
requisitos para conceder el porte o tenencia de un arma no haciéndola de fácil acceso
ni expuesta a la corrupción de funcionarios y tramitadores como lo es hoy en día,
una participación activa de los medios de comunicación para el adecuado manejo
de los temas que involucran la violencia, desarrollar y fortalecer planes que
promuevan la convivencia y la no violencia especialmente en escenarios
identificados y vulnerables entre otras.
Para finalizar resulta curioso
que precisamente este mismo personaje, el Alcalde Gustavo Petro, estuvo en la cárcel
por el delito de porte ilegal de armas el 1985 cuando fue militante del M-19. J
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